1. Impulsar la creación y operación de las respectivas Fiscalías Especializadas para la investigación del delito de tortura en las entidades federativas de Sinaloa, Sonora y Guerrero. Así como, fortalecer las ya existentes con recursos humanos, presupuestales y materiales.
2. Promover la independencia de los servicios periciales a fin de fortalecer la imparcialidad de los dictámenes emitidos, así como dotarla de recursos humanos y materiales, con el objeto de acelerar la respuesta ante las solicitudes de las personas que denuncien hechos de tortura.
3. Establecer un plan de supervisión para las personas servidoras públicas encargadas de la documentación de lesiones de las personas detenidas, integrado en un sistema tecnológico de información que permita comunicar a la autoridad investigadora ante indicios de tortura, considerando que un gran número de mujeres entrevistadas refieren haber denunciado la tortura o tortura sexual sin que hayan sido atendidas eficazmente por el personal médico al que se notificó.
4. Impulsar la eliminación de la figura del arraigo, así como la reproducción de figuras afines, ya que se ha señalado por organismos internacionales y nacionales que se ha empleado de manera despedida para la investigación de los delitos, lo cual ha provocado la comisión de violaciones procesales y de violaciones graves a los derechos humanos.
5. Emprender las sanciones penales y administrativas contra las personas servidoras públicas que cometan o encubran los delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en particular aquellos que se ejerzan sobre las mujeres.
6. Colaborar e implementar las líneas de acción que establece el Pro-grama Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, para los órganos investigadores, así como aquellas de colaboración interinstitucional para la erradicación de la tortura.
7. Elaborar e implementar programas de capacitación y profesionalización integral del personal que labora en el ámbito de procuración de justicia, que incluya temas en materia de igualdad y no discriminación, estereotipos, roles de género y nuevas masculinidades, investigación y persecución del delito de tortura y tortura sexual, con la finalidad de erradicar conductas violatorias de derechos humanos y delitos relacionados con el abuso del poder.
8. Establecer el uso obligatorio de los Principios sobre Entrevistas Efectivas para Investigación y Recopilación de Información "Principios Méndez" durante las investigaciones penales que involucren interrogatorios, a fin de combatir y evitar la comisión de la tortura y malos tratos.
9. Implementar acciones que regulen el uso de la fuerza en las de-tenciones, en especial cuando se trate de mujeres.
10. Impulsar la implementación integral de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, así como la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.
11. En investigaciones sobre casos de tortura, reconocer al valor proba-torio de los peritajes elaborados por peritos independientes o de organismos públicos. En particular, abstenerse de ordenar la realización de opiniones técnicas realizadas por la propia fiscalía, para contradecir los dictámenes médicos psicológicos con base en el Protocolo de Estambul realizados por peritos independientes o por parte de organismos autónomos de derechos humanos, que las víctimas ofrezcan en su derecho de coadyuvancia con el Ministerio Público.
12. Incorporar en las investigaciones de tortura sexual metodología de análisis de contexto para identificar patrones y responsabilidades de los superiores jerárquicos.
13. Excluir las pruebas de las que razonablemente se desprenda una vinculación directa o indirecta con actos de tortura o cualquier otra violación a los derechos humanos de las personas que son puestas bajo su responsabilidad después de ser detenidas, como la retención prolongada e injustificada.
14. No limitar ni condicionar la investigación del delito de tortura a la práctica de pruebas periciales en la víctima, por el contrario, recolectar y tomar en cuenta todos los elementos posiblemente relevantes, incluyendo declaraciones de víctimas y testigos, certificados u otros documentos médicos, el expediente de cualquier investigación o proceso penal instaurado en contra de la o las víctimas, patrones y contextos de tortura documentados a nivel nacional o local, así como la práctica de pruebas periciales dentro del tiempo más corto posible.
15. Garantizar que el personal que intervenga en la detención, puesta a disposición o resguardo de mujeres que queden bajo custodia del Ministerio Público incluya mujeres.
16. Garantizar que en las fiscalías donde se ponga a disposición mujeres detenidas existan médicas legistas y que las fiscalías cuenten con suficientes ginecólogas para realizar las revisiones y dictaminaciones que correspondan.
17. En casos donde los organismos públicos de derechos humanos emitan recomendaciones que acrediten tortura, evitar someter a revisión en procedimientos administrativos internos el contenido de la recomendación y proceder a la sanción de los servidores públicos asegurando como medida cautelar que no sigan en funciones donde entren en interacción con personas detenidas.
18. A la FGR, expedir el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, hasta hoy pendiente.

1. Desarrollar la creación de metodología de evaluación judicial para la identificación y sanción de la tortura y los malos tratos, con especial atención en mujeres que formen parte de procesos pena-les durante cualquier etapa procesal, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las obligaciones internacionales y nacionales en la materia, ya que se detectó que, en gran medida, las personas juzgadoras no realizan acciones para garantizar a las víctimas una adecuada tutela judicial.
2. Fomentar el diálogo entre mujeres privadas de libertad y las personas juzgadoras que formen parte del proceso penal bajo condiciones de confianza para favorecer la identificación y exclusión de pruebas que se hayan obtenido bajo tortura, y la carga probatoria de no haberse cometido violando derechos humanos recaiga en las autoridades investigadoras.
3. Asegurar la admisión de peritajes médicos y psicológicos realizados por personas expertas independientes. Se detectó que en muchas ocasiones no se denuncian tales delitos por desconfianza hacia las autoridades o por temor a represalias y amenazas que ponen en peligro a familiares o a su integridad personal.
4. Ordenar la suspensión inmediata de las personas servidoras públicas que sean presuntas responsables de casos de tortura y malos tratos durante el proceso penal, y en su caso determinar las medidas cautelares conducentes, para impedir que interfiera en las investigaciones o atente contra la víctima.
5. Garantizar el reconocimiento de inocencia en aquellos casos de mujeres sentenciadas que han demostrado que las pruebas que motivaron su condena, fueron obtenidas mediante actos de tortura y malos tratos, así como violatorias de derechos humanos.
6. Establecer de manera obligatoria, durante cualquier etapa del proceso penal, que la persona juzgadora pregunte a las mujeres procesadas, imputadas o sentenciadas si han sido víctimas de tortura, para que se ordene la investigación y la atención médica y psicológica correspondiente, ya que se observó que en la mayoría de los casos las personas juzgadoras no solicitaron acción alguna en la materia.
7. Fortalecer los sistemas de registro de información de los órganos jurisdiccionales respecto de los juicios que conocen, en particular de aquéllos relacionados con casos de tortura sexual cometida contra mujeres, ya que se observó que no se captura la información completa de las víctimas, ni de los agresores, con la finalidad de tener un control de identificación que permita actuar de acuerdo con los protocolos para combatir todo tipo de tortura y de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
8. Garantizar a las sobrevivientes de tortura sexual durante todo el proceso penal, un acompañamiento legal con perspectiva de género y derechos humanos que permita una adecuada defensa y acceso a la justicia.
9. Asegurar un tratamiento especializado a las alegaciones de tortura cometida en contra de mujeres cuya situación jurídica se resuelve, en cualquier momento del proceso, utilizando para ello el Protocolo para juzgar casos de Tortura y Malos Tratos elaborado por la SCJN.
10. No limitar a pruebas periciales los elementos que los y las opera-doras de justicia deben considerar para verificar un alegato de tortura. Realizar un análisis de toda la información relevante disponible, incluyendo la declaración de la persona que alega tortura y de cualquier testigo relevante, indicios de inverosimilitud y/o ilicitud en el parte informativo, presencia de una retención prolongada antes de la puesta a disposición, lesiones documentadas en certificados médicos, inconsistencias o contenido ilógico en declaraciones incriminatorias y otros elementos.
11. Impulsar políticas de ejecución de penas con perspectiva de género, particularmente respecto de delitos relacionados con drogas y/o delincuencia organizada.
12. Reconocer y comunicar mediante políticas y programas internos la recurrencia de la tortura sexual contra mujeres en el país, principalmente en el marco del sistema de justicia penal.
13. Capacitar a las y los operadores de justicia en sus obligaciones para prevenir y erradicar la tortura y, particularmente, la tortura sexual contra las mujeres, especialmente en torno a su respuesta para enfrentar esta grave violación al debido proceso penal y en la perspectiva de género que debe permear su labor.

1. Fortalecer el MNPT, toda vez que las acciones de supervisión penitenciaria pueden resultar insuficientes para identificar víctimas de tortura y tortura sexual, que se encuentran privadas de su libertad, lo que dificulta la recepción de quejas para emprender acciones de protección ante las autoridades correspondientes y ofrecer el acompañamiento jurídico que requieren las víctimas.
2. Establecer dispositivos de acompañamiento y denuncia al interior de los centros penitenciarios donde se encuentran mujeres priva-das de su libertad, ya que por la normalización de la violencia se ha invisibilizado el fenómeno, lo cual contribuye al reconocimiento de derechos humanos de las mujeres.
3. Implementar informes periódicos del fenómeno de la tortura sexual cometida contra mujeres, que robustezcan el actuar de las instituciones para su erradicación. Esto ayudará a prevenir la comisión de este delito y su indebido empleo para la sustanciación de procesos penales en contra de cualquier mujer.
4. Robustecer la sistematización de la información del fenómeno de tortura sexual para un debido seguimiento estratégico. Lo anterior contribuirá al seguimiento de la problemática para el diseño de estrategias coordinadas en la erradicación de la tortura y la tortura sexual.
5. Promover la creación de los Mecanismos Estatales de Prevención de la Tortura, instancias que permitan unificar los trabajos de supervisión, así como colaborar con el MNPT para establecer acciones permanentes que coadyuven en el combate de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, particularmente la tortura sexual, pues se considera que el esfuerzo debe ser coordinado por la federación y todas las entidades federativas para cumplir con el objetivo de la total erradicación de este delito.
6. Promover la emisión de una Recomendación del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura específicamente de tortura sexual, así como una Recomendación General sobre Tortura Sexual en México que profundice en el análisis de la magnitud del fenómeno en nuestro país, con medidas de reparación integral eficaces.
7. Fortalecer con recursos humanos específicos en la documentación de las tortura y tortura sexual.
8. Visibilizar la recurrencia de la tortura sexual empleando este término en la identificación de violaciones a los derechos humanos a la libertad, autonomía, integridad y seguridad sexuales.
9. Cuando acrediten casos de tortura y la persona torturada permanezca vinculada a un proceso penal en el que se pretenda usar las pruebas obtenidas en ese contexto de violación a derechos huma-nos, garantizar que esta situación sea puesta del conocimiento de la autoridad judicial a cargo de la respectiva causa penal.

1. Impulsar la creación y operación de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas en las entidades federativas de Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, Oaxaca y Sonora, en términos de la Ley General de Víctimas y la legislación local aplicable.
2. Dotar a todas las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas existentes de recursos financieros, humanos y materiales para el debido desempeño de sus funciones.
3. Impulsar la creación de áreas especializadas con personal suficiente que atienda a las víctimas de tortura y tortura sexual, con perspectiva de género y con pleno respeto a los derechos humanos.
4. Implementar la consolidación de programas de atención integral a víctimas de tortura y tortura sexual, a fin de que se cumplan con los principios que establece la Ley General de Víctimas.
5. Difundir públicamente el derecho de acceso a las medidas de ayuda, asistencia y atención que brinda la CEAV y las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, para garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación.
6. Vincular los casos de víctimas de tortura y tortura sexual de todas las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET) de la FGR.
7. Implementar programas de capacitación y profesionalización en materia de tortura y tortura sexual para el personal que labora en la CEAV y en las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas.

1. Informar a las mujeres sobre sus derechos humanos dentro de los centros penitenciarios y establecer vinculación con organismos de protección de derechos humanos a fin de eliminar las formas de violencia que se pueda ejercer contra ellas.
2. Implementar en los sistemas penitenciarios, a nivel estatal y federal, canales de denuncias de fácil acceso con un lenguaje claro y sencillo, ya que la gran mayoría de mujeres privadas de libertad entrevistadas refirieron no conocer las alternativas que tienen para interponer una denuncia en el centro en donde se encuentran.
3. Implementar un plan de capacitaciones en materia de perspectiva de género y de los protocolos de uso de la fuerza al personal de todas las áreas de los sistemas penitenciarios, tales como el personal médico, de enfermería y psicología adscritos a los centros penitenciarios sobre prevención, erradicación de la tortura y malos tratos respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a fin de fomentar el trato digno a las mujeres. Las buenas prácticas en la gestión penitenciaria han demostrado que respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas supone un equilibrio en la convivencia del centro penitenciario.
4. Desarrollar un plan integral que fomente la reinserción de las mujeres privadas de libertad, que amplíe la gama de oficios y actividades educativas al interior de los centros, fomento del deporte, talleres que permitan a las mujeres desarrollar sus habilidades y fortalecer sus capacidades, así como fomentar el trabajo digno, asegurando los derechos inherentes a éste, como seguridad social, salario justo y regularización de jornadas laborales, a fin de priorizar su reinserción y evitar que su trabajo se use para fines de explotación.
5. Implementar medidas para garantizar la seguridad de mujeres trans, así como acciones que permitan su integración al interior de los centros penitenciarios, ya que se detectó que algunas entidades concentran a las mujeres trans en áreas varoniles, lo cual las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
6. Garantizar el acceso a atención de salud especializada para mujeres, en particular de atención ginecológica, especialmente en casos de mujeres que sean sobrevivientes de tortura sexual.
7. Garantizar el resguardo e integridad de los expedientes administrativos, médicos y psicológicos de las mujeres privadas de su libertad, así como de todas las constancias que se generan desde el momento de su ingreso al centro penitenciario que corresponda.

1. Dotar de herramientas tecnológicas necesarias a las instituciones de seguridad pública para que registren de inmediato toda de-tención que realicen, así como la ubicación real y el trayecto de las personas detenidas que permanecen bajo su custodia hasta la presentación ante el Ministerio Público o ante la autoridad administrativa, dando certeza jurídica a lo establecido en la Ley Nacional del Registro de Detenciones y para evitar dilación injustificada en el tiempo de la detención.
2. Videograbar toda detención que realicen las instituciones de seguridad pública para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas detenidas, desde el arresto hasta la presentación ante la autoridad competente, para eliminar malos tratos y actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en cualquiera de sus formas.
3. Cumplir con las obligaciones que les surgen de sentencias inter-nacionales de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, incluyendo los reconocimientos de responsabilidad pendientes.

1. Adecuar sus sistemas tecnológicos de operación para registrar a personas que manifiesten haber sido víctimas de tortura o torturas sexual, ya que de la información solicitada al Instituto se identificó que no se cuenta con dichos apartados en sus bases de datos, lo cual constituye un obstáculo para su documentación.

1. Crear planes de inspección y referencia de los servicios de salud dentro de los centros penitenciarios para asegurar el derecho a la salud de las mujeres privadas de la libertad, asimismo, dichos planes deberán considerar procedimientos disciplinarios cuando se detecten casos de conducta profesional indebida.
2. Colaborar con los centros penitenciarios para dotar de atención médica especializada a las mujeres privadas de la libertad que lo requieran, toda vez que se ha identificado la debilidad en los tratamientos que se proporcionan en el interior de dichos centros.

1. Determinar y aprobar los presupuestos necesarios por parte de los congresos de Sinaloa, Sonora y Guerrero, que permitan la instalación y operación integral de las Fiscalías y/o Unidades Especializa-das en Investigación del Delito de Tortura.
2. Dotar de presupuestos necesarios por parte de los congresos loca-les, a las Fiscalías y/o Unidades Especializadas en Investigación del Delito de Tortura ya existentes, a fin de garantizar que cuenten con los recursos humanos, materiales y tecnológicos, que garanticen que se actuación cumpla íntegramente con sus fines.
3. Emprender esfuerzos legislativos para armonizar la normatividad local en materia de tortura, con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-nos o Degradantes.
4. Impulsar la eliminación del arraigo en atención a las recomendaciones que organismos internacionales y los compromisos contraídos por el Estado mexicano en los tratados internacionales de los que son parte.
5. Garantizar que todas las instituciones que atienden a víctimas de tortura sexual cuenten con adecuado presupuesto, incluyendo el Mecanismo de Seguimiento a casos de Tortura Sexual ordenado por la Corte IDH.

1. Señalar proactivamente y en el momento procesal oportuno la ilicitud de toda prueba obtenida directa o indirectamente mediante la tortura o cualquier otra violación a derechos humanos.
2. Denunciar penalmente al tener conocimiento de la comisión de actos de tortura.

Tiburcio Sánchez, Juárez (1889), óleo sobre tela, Colección del Recinto Homenaje a Benito Juárez, Palacio Nacional, México.

El 11 de mayo de 1867, el Congreso de República Dominicana, a petición del diputado Antonio Delfín Madrigal, declaró a Benito Juárez como "Benemérito de las Américas" al enterarse del triunfo mexicano sobre los franceses. Hecho que significaba un golpe de soberanía nacional sobre los intereses extranjeros, e internacionalmente una bocanada de fuerza y autonomía para las naciones del continente ante posibles amenazas del exterior. Precedente a ello, dos años antes de tal distinción, el 2 de mayo de 1865, el Congreso de Colombia expidió un decreto mediante el cual destacaba que el oriundo de Guelatao era digno de ser distinguido por su abnegación y perseverancia en defensa de la independencia y libertad de México.

Ilustración del velorio de Benito Juárez en Palacio Nacional, en México y sus costumbres, tomo I, número 3, jueves 1 de agosto, México, 1872, p. 1. Disponible aquí [Última consulta: 11 de julio de 2022].

Murió en Palacio Nacional, un año después que su esposa Margarita Maza, a causa de una angina de pecho, a las 23:30 horas del 18 de julio de 1872; tras tres infartos previos. Fue enterrado en el panteón de San Fernando de la Ciudad de México.